jueves, 21 de marzo de 2013

Moción: Reforma de la administración local

Desde hace ya un año el Gobierno del PP en España ha venido anunciando su intención de modificar las bases jurídicas que regulan el funcionamiento de las Entidades Locales. Finalmente, el Gobierno inició el pasado 15 de Febrero la tramitación del denominado Anteproyecto de Ley de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo que se ha conocido, en términos generales y de conocimiento como la “Ley de Reforma de la Administración Local”.

Desde el municipalismo se ha venido reclamando desde hace tiempo una reforma de las Leyes y de la financiación local que permitiera a las Entidades Locales ejercer sus responsabilidades con competencias bien definidas y financiación suficiente. Sin embargo, lejos de atender las demandas históricas de Alcaldes y Alcaldesas y de Federaciones y Asociaciones de Municipios, la propuesta de reforma supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos y vecinas, las competencias propias de los Ayuntamientos y prevén el traspaso de competencias y recursos financieros, es decir de recursos económicos a las Comunidades Autónomas y en los casos de las competencias denominadas competencias “impropias” lejos de asegurar la prestación de los servicios, serán suprimidas al no ser prestadas por ninguna otra Administración. Por otra parte aquellos servicios que pasen a la Diputación Provincial podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas y precios, que pagaran los ciudadanos.

Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos .En lugar de asegurar los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente.

Con ello, peligran también más de 200.000 empleos públicos, cuya labor y funciones podrían llegar a ser privatizados y asumidos por empresas privadas o simplemente ser desmantelados y acabar desapareciendo. Nada de esto está aún claro, ni en su contenido, procedimiento o alcance. Cuando el Gobierno redacta esta propuesta lo hace desde un profundo desconocimiento del papel real que desempeña la estructura municipal en la vertebración de Estado. Parece ignorar que los servicios públicos, no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a sus usuarios, los ciudadanos.

A todo lo mencionado hasta aquí hay que añadir la incertidumbre e inseguridad jurídica que se crea en Euskadi, por su régimen especial establecido en la Constitución Española, concretamente en su D.A. Primera, y con lo dispuesto en los artículos 3, 24.2 y 37 del Estatuto Vasco de Autonomía, que establece que “los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa organizarán libremente sus propias Instituciones y dictarán las normas necesarias para su funcionamiento, sin que les sean de aplicación las contenidas en la presente Ley en materia de organización provincial”. A ello debemos sumar la peculiaridad del Régimen Foral, que supone que las Diputaciones Forales no son Entidades Locales, y no deben, ni pueden ser asimiladas, legalmente, a las Diputaciones Provinciales del resto de España, ni asumir en consecuencia las atribuciones que esta Reforma Local pretende traspasarle.

Defendemos, por lo tanto, ya no solo la Autonomía Municipal, el municipalismo y toda la gran labor que, desde la cercanía, ha venido realizando en estos las instituciones más próximas a la ciudadanía, más implicadas en sus necesidades, sus problemas y sus reivindicaciones; también reivindicamos el Autogobierno Vasco, y la capacidad que la propia Constitución Española y el Estatuto de Autonomía nos han dado de poder organizar nuestras Instituciones y nuestra organización Provincial. En ese sentido, entendemos que es esencial la labor de EUDEL, que debe analizar esta situación, las repercusiones posibles de la Ley propuesta y su impacto en Euskadi.

Por todo ello, entendemos necesario que este Ayuntamiento se posicione frente a la reforma emprendida por el Gobierno de España y reclame también, además de lo dicho hasta aquí que, en virtud de sus competencias, el Gobierno Vasco remita al Parlamento Vasco un Proyecto de Ley Municipal de Euskadi que concrete, sin más dilación, las competencias municipales y garantice la financiación suficiente para asumirlas.
En definitiva, la autonomía local está garantizada por nuestra Constitución y por la Carta Europea como uno de los principios que fundamentan la democracia, la cohesión y la vertebración social y territorial de un Estado descentralizado. Entre todos hemos intentado diseñar un modelo local capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos, hemos conformado Gobiernos Locales que son ejemplos de participación, de integración y convivencia.


Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente MOCIÓN

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella desea reafirmar la Autonomía Local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social; elementos que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella insta al Gobierno de España a retirar el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y le insta a abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, así y como la FEMP, EUDEL y todas aquellas Federaciones y Asociaciones de Municipios existentes, que permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella insta al Gobierno Vasco a que, en uso de sus competencias, incluya dentro de su Calendario Legislativo la remisión al Parlamento Vasco, antes de que finalice el presente periodo de sesiones, de un Proyecto de Ley Municipal de Euskadi que concrete las competencias municipales y garantice la financiación suficiente para asumirlas, así como los derechos sociales de los ciudadanos.
4.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno Vasco, al Consejo de Estado, al Congreso de los Diputados, al Senado, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP y a la Comisión Ejecutiva de EUDEL.

1 comentario:

José Ángel López dijo...

La Ley que prepara el P.P. no puede ser muy buena para los Aytos. ya que incluso muchos Aytos. del P:P. la critican, sin embargo cuántas leyes se han hecho, nuevas o sustituyendo a otras y que perjudican a los ciudadanos,no nos tendría que sorprender que hagan está también y que la hagan sin consenso, lo que podría hacer que fuera menos mala.
Teniendo en cuenta que esta Ley perjudica a los Aytos.,les quita competencias y servicios que dan, también perjudica gravemente a los ciudadanos ya que por proximidad, cercanía y accesibilidad es el organismo publico al que nos dirigimos los ciudadanos para cualquier tema que tengamos.

Yo también quisiera revindicar una Ley Municipal que regule el funcionamiento entre los vecinos y el Gobierno Municipal, pero una Ley que recoja los derechos de información y participación que los ciudadanos en una democracia tenemos, unos derechos que la mayoría de los políticos no quieren que los ciudadanos tengamos. No quieren participación, porque la participación requiere información y claro, ¿a que político le interesa que los ciudadanos conozcan sus actuaciones?, ¿a los corruptos? ¡No!¿a los que todavía no se han corrompido? ¡Tampoco! porque nunca se sabe donde acabaran, ¿a los que pueden ser honrados? por la forma de proceder de todos ellos, parece ser que ni siquiera a esos y ¡es que claro!a quien le gusta que otras personas conozcan lo que hacen, puedan dar su opinión y controlar de alguna manera sus actuaciones.
Es así, aunque haya algunas personas en algunos partidos que manifiesten que son partidarios de la transparencia y la participación ciudadana,lamentablemente no parece ser, a tenor de los hechos que consigan nada, bien por falta de combatividad, bien porque siguen instrucciones de la dirección y callan o porque son tan poquitos, poquitos que no se les oye.

Esperemos que esta proliferación de políticos corruptos que por fin afloran de sus escondrijos (puestos políticos o privilegiados)como caracoles debajo de las piedras después de una tormenta de verano sirva para que los ciudadanos reclamemos esos derechos de transparencia y participación ciudadana cuya falta a propiciado esta situación de corrupción generalizada en todo el estado y en todos los partidos políticos, así como en otros tipos de organizaciones y en empresas.
Esperemos también que los políticos honrados que quedan, tengan la decencia y la altura de miras para cambiar el sistema, adoptando las leyes necesarias para evitar en lo posible las situaciones que favorezcan la corrupción.

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